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El archipiélago filipino, formado por más de 7.000 islas, registra anualmente alrededor de 20 tifones, a los que se suman erupciones volcánicas y fuertes terremotos. Por ello las autoridades del país han asumido que el único modo de hacer frente a los desastres naturales es la gestión del riesgo. Sólo en 2011 el gobierno filipino destinó 624 millones de dólares, un 2% de su presupuesto nacional, a crear un fondo con el que mitigar el impacto de los desastres que azotan el archipiélago.
Además, en 2009 puso en marcha la Ley de Cambio Climático y, justo un año después, la Ley de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, ambas contempladas en el Plan de Desarrollo de Filipinas hasta el año 2016 y que evidencian el compromiso del ejecutivo filipino con el cambio climático y la prevención de desastres.
En este sentido, un estudio independiente de Reino Unido calificó la capacidad de adaptación de Filipinas para las catástrofes de “muy superior a la media” debido a su sistema para “minimizar los impactos a largo plazo”.